La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra de cuatro exfuncionarios de la Unidad de Víctimas por presuntas irregularidades en los arriendos de 17 inmuebles que vienen de Justicia y Paz, al considerar que cuentan con valores muy por debajo del estimativo del mercado.
Los investigados por la Procuraduría son Yolanda Pinto Afanador y Ramón Alberto Rodríguez, en su calidad de directores de la Unidad para las Víctimas para la época de los hechos, y Luz Carime Cepeda y Miguel Avendaño Hernández, como coordinadores del Fondo de Reparación para las Víctimas, también para la época de los hechos.
El ente de control, luego de la indagación previa, investiga la posible responsabilidad de los directores y los coordinadores del Fondo de Reparación para las Víctimas en el período entre diciembre de 2018 al año 2022, quienes, al parecer, cometieron faltas disciplinarias relacionadas a los contratos de arrendamiento de dichos inmuebles entregados en administración por Justicia y Paz a la Unidad para la Atención y Reparación lntegral a las Víctimas.
De esta manera, la Procuraduría inició investigación disciplinaria contra Yolanda Pinto Afanador y Ramón Alberto Rodríguez, en su calidad de directores de la Unidad para las Víctimas para la época de los hechos, y Luz Carime Cepeda y Miguel Avendaño Hernández, como coordinadores del Fondo de Reparación para las Víctimas, también para la época de los hechos.
Bienes con arriendos “irrisorios”
Los inmuebles que son objeto de la investigación de la Procuraduría, dado que su valor de arrendamiento no corresponde con los del mercado para las fechas de su respectiva suscripción del contrato, corresponden a lotes, fincas, parcelas, haciendas, oficinas y parqueadero, ubicados en los departamentos de Antioquia, Santander, Boyacá, Valle del Cauca, Cesar y Córdoba con arriendos entre los 43 mil y los $1.462.510.
La Procuraduría iniciará con la recopilación de pruebas a través de una inspección disciplinaria en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y un dictamen técnico-científico.
Los bienes más llamativos
- Predio denominado “La Esperanza”, ubicado en el municipio EI Dorado, Meta, con área catastral de 6 ha + 7500 m2, cuyo canon de arrendamiento corresponde a $113.050 para el año 2020, teniendo como referente un canon estimativo mínimo de $1.500.000 m/cte, contrato FRV A O33-2020 de fecha 7/07/2020.
- Predio denominado “Bellavista”, ubicado en el municipio EI Dorado, Meta, con área catastral de 4 ha + 5753 m2, cuyo canon de arrendamiento corresponde a $113.050 para el año 2020, teniendo como referente un canon estimativo mínimo de $159.000 m/c con contrato FRV A O35-2020 de fecha 7/07/2020.
- Predio denominado “EI Porvenir”, ubicado en el municipio EI Dorado, Meta, con área catastral de 12 ha + 5595 m2, cuyo canon de arrendamiento corresponde a $224.910 para el año 2020, teniendo como referente un canon estimativo mínimo de $300.000 m/cte., con contrato FRV A O36-2020 de fecha 7/07/2020.
- Predio denominado “La Esperanza 1”, ubicado en el municipio EI Dorado, Meta, con área catastral de 7 ha + 4500 m2, cuyo canon de arrendamiento corresponde a $48.790 para el año 2020, teniendo como referente un canon estimativo mínimo de $60.000 m/cte., con contrato FRV A O37-2020 de fecha 7/07/2020.
- Predio denominado “Las Brisas”, ubicado en el municipio EI Dorado, Meta, con área catastral de 13 ha + 67000 m2, cuyo canon de arrendamiento corresponde a $236.810 para el año 2020, teniendo como referente un canon estimativo mínimo de $300.000 m/cte., con contrato FRV A O38-2020 de fecha 7/07/2020.
- Ubicado en Bogotá, uso del suelo comercial, predio urbano oficina 405 edificio inverpol, ubicado en la carrera 18 No. 93 -25, barrio EI Chicó y matrícula inmobiliaria No. 50C-1398474, con valor estimativo del canon $8.889.000 y valor de arriendo $55.940, Contrato FRV A O923-2021 de fecha 1/06/2021.
Adicionalmente, se compulsaron copias para que se investigue la posible pérdida o extravío de documentos que debían contener los expedientes, físico como digitales, de los respectivos inmuebles administrados por el Fondo de Reparación para las Víctimas.
