Hace poco el Gobierno de Estados Unidos anunció millonaria recompensa, por eso el mandatario local hizo advertencia, en medio de rumores de posible ingreso del chavista al país…
La situación política, social, territorial y las complicaciones de orden público siguen como un problema principal en el Catatumbo, Norte de Santander, sobre todo cuando el régimen de Venezuela decidió llegar a la zona fronteriza y asegurar que estaban poniendo en marcha un plan para ayudar a los desplazados por el conflicto armado entre los disidentes de las Farc y el ELN.
Y es que desde los sectores políticos y sociales colombianos no cayó en gracia el anuncio de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de la presencia de militares venezolanos en la frontera venezolana con Colombia, limítrofe con Catatumbo… Pero lo más preocupante son los rumores de presunta presencia de Cabello en territorio colombiano.
En medio de la polémica, Juan Qüenza, alcalde de Arauca, lanzó severas críticas contra Diosdado Cabello, a quien señaló como un "bandido" y advirtió que no tiene autorización para ingresar a Colombia. En declaraciones para Semana, el mandatario aseguró que, de confirmarse su presencia en el territorio, alertaría de inmediato a las autoridades para capturarlo y reclamar la recompensa de 25 millones de dólares, el precio que Estados Unidos ofreció por la captura del militar chavista.
Qüenza destacó que la entrada de Cabello representaría una violación a la soberanía colombiana y subrayó su compromiso con la defensa de la Constitución. Según el alcalde, no permitiría que el territorio que gobierna sea escenario de impunidad, recalcando que el funcionario venezolano es símbolo de la dictadura de Nicolás Maduro.
El contexto de estas declaraciones incluye las tensiones fronterizas en el Catatumbo, donde se han reportado desplazamientos masivos debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC.
Además, el alcalde aprovechó para criticar las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, argumentando que las medidas actuales buscan asfixiar económicamente a los municipios, limitando su autonomía.
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