La situación de orden público en el Catatumbo es grave, podría decirse que es la mayor crisis humanitaria que se ha vivido en Norte de Santander, pues la cifra de desplazados y muertos es alarmante.
En tan solo 4 días se reportan 11 mil personas desplazadas, cifra que además va en aumento. 80 muertos, 20 heridos y más de 20 secuestrados.
La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Persisten los secuestros y el amedrentamiento contra la población civil, quienes a menudo son acusadas de colaborar con grupos armados por su vínculo familiar o cercanía con miembros de estos.
Entre las víctimas se incluyen líderes sociales, firmantes de paz, niños, niñas, mujeres gestantes, personas con discapacidad, indígenas y otros grupos con especial protección constitucional.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió que se permita el paso de las ayudas humanitarias y se abran corredores que permitan la salida de la población que aún está confinada.
Y es que afirman que se emitió alertas tempranas para que el Gobierno atendiera la grave situación en el Catatumbo, pero no recibió respuesta. Según líderes de la región, esta falta de acción representa una omisión por parte del Estado. Las cifras reflejan la magnitud de la crisis que enfrenta la población en esta zona.
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