El gremio de transportadores de carga siguen a la expectativa por el primer aumento del peaje.
El Ministerio de Transporte de Colombia confirmó un aumento del 2,78% en los precios de los peajes, vigente desde el 1 de enero de 2025, tras un congelamiento en 2023. Sin embargo, se prevén dos incrementos adicionales: El 16 de enero, ajustado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024, y otro del 1,85% el 1 de abril.
Estos aumentos han generado preocupación en el sector transportador, que estima pérdidas económicas significativas y advierte sobre posibles movilizaciones, por parte de los gremios, si no se llega a acuerdos satisfactorios con el Gobierno.
La Asociación de Transportadores de Colombia (ATC) denunció incrementos en algunos peajes superiores al 40%, excediendo lo anunciado, lo que podría traducirse en pérdidas de hasta 500 millones de pesos al completar los tres aumentos. Además, señalan que los costos operativos no podrán sostenerse con los actuales ingresos por fletes, los cuales son presionados a la baja por la sobreoferta de camiones y las prácticas de contratación privada.
Por su parte, Fedetranscarga respalda la necesidad de ajustar las tarifas de fletes, pero destaca las dificultades de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para absorber estos costos, afectadas también por la baja temporada de transporte a inicios de 2025.
El gremio de transportadores ha advertido que podría retomar el paro nacional de septiembre de 2024, al considerar que el Gobierno ha incumplido acuerdos clave, incluyendo la suspensión de aumentos en el precio del diésel. Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, criticó las recientes alzas en el combustible y exigió renegociaciones con las autoridades.
Por su parte María Constanza García, ministra de Transporte, defendió los avances logrados en las mesas de negociación y destacó que el Gobierno ha cumplido varios acuerdos, como la reposición vehicular. Sin embargo, los transportadores señalan incumplimientos en suspender los aumentos del diésel, garantizar una política de reposición vehicular más justa y revisar la fórmula para fijar el precio del combustible.
Con las negociaciones aún en curso, la posibilidad de nuevas movilizaciones representa un desafío para el Gobierno en su relación con este sector estratégico para la economía colombiana.
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