La Procuraduría General de la Nación sostendrá una reunión interinstitucional de alto nivel con representantes de las entidades estatales nacionales, departamentales y municipales, con el fin de verificar las medidas adoptadas para atender la crisis social y ambiental que se presenta en Buriticá, Antioquia, por la explotación ilegal de oro.
Este encuentro se da luego de que la Procuradora Margarita Cabello Blanco denunciara, en junio pasado, que la injerencia de grupos armados ilegales en la zona, para explotar ilegalmente el oro, está perjudicando a los mineros ancestrales, que vienen siendo instrumentalizados por estos para llevar a cabo dicha explotación amparados en su condición, a la empresa minera Zijin Continental Gold, víctima permanente de ataques e incursiones ilegales en sus instalaciones y al resto de los habitantes de esta comunidad, sometidos a diferentes vejámenes como reclutamiento de menores y migrantes para trabajo forzado, explotación de mujeres y violencia sexual, entre otros.
Esta práctica ilegal también está generando serios problemas ambientales como deforestación y contaminación de fuentes hídricas, que ponen en riesgo la vida de los pobladores que la consumen y utilizan en sus cultivos.
De otra parte, el orden público se ha visto afectado por atentados como el explosivo accionado el pasado 17 de mayo en una de las bocaminas de la empresa, que dejó dos personas muertas y 14 heridos, por lo cual la Procuraduría abrió indagación contra servidores públicos que no habrían atendido las solicitudes de protección hechas por la empresa minera.
Al encuentro, que liderarán los procuradores delegados para Derechos Humanos y Asuntos Ambientales, han sido citados los ministros de Interior, Defensa, Ambiente y Minas, el Gobernador de Antioquia y el Director de la Policía Nacional, entre otros altos funcionarios.
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