La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró como inválido el decreto emitido el 2 de julio por el presidente Gustavo Petro, mediante el cual se estableció un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira.
A pesar de declarar la invalidez del decreto de Estado de Emergencia en La Guajira, la Corte Constitucional mantuvo vigente el tema fundamental relacionado con el acceso al agua potable para la población. Este asunto no se descartó, sino que se mantendrá en efecto hasta el 2 de julio de 2024, cuando la Corte revisará las medidas tomadas y su eficacia.
A su vez, se pidieron medidas concretas para abordar la grave crisis humanitaria en este departamento. Estas medidas se basan en la sentencia T-302 de 2017 y requieren una respuesta rápida y efectiva para garantizar los derechos fundamentales de la comunidad en la región.
Además, se hace hincapié en la necesidad de fortalecer las instituciones relacionadas con el cambio climático y proporcionar los recursos necesarios para abordar estas circunstancias.
Gracias a la @CConstitucional por defender la Constitución y tumbar la emergencia económica en La Guajira, tal como lo solicité. El Gbno pretendía sacar sus reformas por Decreto, desconociendo el Congreso y alegando una situación extraordinaria que no procedía. https://t.co/9mF8vHpAI4 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 2, 2023
No se aumentará la factura de la luz
En el mismo decreto se había introducido un cargo adicional llamado “Aporte Departamento de La Guajira” en las facturas de energía eléctrica. Este cargo obligaba a los usuarios de estratos 4, 5 y 6 a pagar $1,000 por recibo, mientras que para los usuarios comerciales e industriales el cargo era de $5,000.
El propósito del Gobierno era recaudar más de $51,000 millones con esta medida. Sin embargo, a partir de julio del próximo año, este pago ya no será requerido.
La procuradora General, Margarita Cabello Blanco, ha señalado que el Gobierno estaría utilizando la crisis en La Guajira como un pretexto para obtener poderes legislativos excepcionales. En su opinión, esta instrumentalización de la crisis es inapropiada, y ha pedido a la Corte Constitucional que declare como inválido el decreto en cuestión.
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