El Ministerio Público español ha presentado una querella contra Shakira hace tres meses, la cual ya fue notificada en su domicilio en Miami. Esto ha llevado a la apertura de una segunda causa en un juzgado de Esplugues de Llobregat, Barcelona, en la que se acusa a la artista de cometer dos delitos contra la Hacienda Pública.
A partir del 20 de noviembre comienza la audiencia por defraudar 14,5 millones de euros en 2012 y 2014.
Así mismo, se ha presentado una nueva querella en la que solicita que la cantante colombiana Shakira sea investigada a través de videoconferencia desde su domicilio en Estados Unidos, donde se trasladó después de su separación del exfutbolista Gerard Piqué.
El Jefe • Sept 20 😈🤠 https://t.co/uawwK1RYMp pic.twitter.com/P4Gf1Upnke — Shakira (@shakira) September 16, 2023
La querella acusa a Shakira de defraudar a la Agencia Tributaria española 5,3 millones de euros en el impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF), relacionados con los ingresos obtenidos durante su gira de 2018 ‘El Dorado’ y la cesión de sus derechos intelectuales. Además, se le acusa de deber otros 773.600 euros en el impuesto de patrimonio debido a sus 12 millones en inmuebles y activos financieros.
Según la Fiscalía, Shakira habría presentado declaraciones falsas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) de manera consciente y voluntaria, con el propósito de evadir sus responsabilidades tributarias en España.
Spain Demands Shakira Hand Over $7 Million In Unpaid Taxes—Latest Tax Trouble For Pop Starhttps://t.co/4lEMkPyvUV pic.twitter.com/teUQ5PWRWk — Forbes (@Forbes) September 26, 2023
Lo que pasaría si Shakira no llega a un acuerdo
En el proceso legal, la Fiscalía está solicitando una pena de ocho años y dos meses de prisión, así como una multa de 23,8 millones de euros para la cantante colombiana Shakira. En julio del año pasado, Shakira rechazó llegar a un acuerdo con la Fiscalía y optó por enfrentar el juicio.
Sin embargo, aún tiene la oportunidad de negociar con las partes acusadoras, que incluyen a Hacienda y la Agencia Tributaria catalana, hasta el momento en que se siente en el banquillo.
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